EDITORIAL “EL UNIVERSAL”

Ciudad Juárez: estrategia oscura
Desde
hace un par de semanas se ha difundido información procedente de
fuentes de segundo o tercer nivel de las instituciones de seguridad
pública acerca de una transferencia del mando, en Ciudad Juárez, de los
militares a la corporación policial federal y se ha hablado incluso de
la salida del Ejército de las operaciones de combate a la
delincuencia organizada en curso en esa ciudad fronteriza. Ayer, en
Washington, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Carlos
Pascual, dio formalidad a ese giro en la estrategia oficial, que
consistiría en introducir a la Policía Federal, que tiene todas las
capacidades legales, y ponerla en ese primer lugar en la lucha contra
los narcotraficantes
.

Dos elementos de contexto insoslayables de tales informaciones son,
por una parte, el incremento de violaciones a los derechos humanos que
se imputan a los efectivos castrenses y, por la otra, la incapacidad de
las fuerzas regulares –policía y Ejército– para poner un alto, o al
menos atenuar, la escalada de muertes, combates, secuestros y
extorsiones que azota a Ciudad Juárez.

Lo cierto es que, hasta ahora, la opinión pública nacional no
dispone de información oficial clara y precisa sobre las líneas de
acción del gobierno federal en la convulsionada urbe chihuahuense. La
confusión resultante no es precisamente un factor de tranquilidad para
una sociedad que, a raíz de las acciones gubernamentales contra la delincuencia,
se ha visto hundida en una espiral de violencia que hasta hace pocos
años habría resultado inimaginable. Las cifras son concluyentes: más de
16 mil muertos en lo que va de la administración calderonista, más de 2
mil 500 de ellos en Ciudad Juárez, donde han tenido lugar, en los 25
días transcurridos de este año, cerca de un centenar de asesinatos.

Debe recordarse, además, que diversos sectores y actores sociales
han señalado la improcedencia de emplear a las fuerzas armadas en
tareas que constitucionalmente no les corresponden, como son las
operaciones policiales, y que pese a ello el poder público se ha
empecinado en involucrar a los militares en una guerra que lo
es, sin duda, a juzgar por el elevadísimo número de bajas, pero cuyos
propósitos y bandos cada día están menos claros. Entre las objeciones
están las inevitables vulneraciones a los derechos humanos que trae
aparejada la presencia de soldados convertidos por orden administrativa
en policías, la descomposición a la que se somete a los institutos
castrenses cuando se les pone a combatir el crimen y, en términos más
generales, la inutilidad de querer erradicar únicamente por medio de la
fuerza armada fenómenos delictivos que tienen raíces profundas en las
problemáticas social y económica, agravadas por la crisis actual y por
la manera inepta y triunfalista con que se le ha hecho frente.

En
tales circunstancias, es reprochable que si en Ciudad Juárez el
gobierno federal decidió dar marcha atrás en el empleo de las fuerzas
armadas –decisión que sería, en principio, saludable–, se abstenga de
enterar a la sociedad sobre los motivos de tal decisión. La omisión es
doblemente agraviante si se considera la insistencia y hasta la
saturación de anuncios oficiales que ensalzan los éxitos reales o
supuestos del gobierno en contra de la delincuencia. Tanto más
desolador resulta que el embajador estadunidense se erija en una fuente
de información más precisa que las propias autoridades nacionales, no
sólo por lo que esa situación sugiere en términos de pérdida de
soberanía, sino también porque habla de una dislocación institucional
que deriva en opacidad, confusión o, peor aún, ocultamiento de las
razones y cálculos del equipo gobernante.

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